viernes, 14 de febrero de 2020

La enseñanza concertada exige respeto: "Claro que se debe trabajar en valores cívicos, pero no desde un punto de vista único y sectario"

El desencuentro entre las autoridades educativas del nuevo gobierno y los distintos sectores de la educación concertada y privada se mantiene.

Esta semana estaban citados representantes de la Confederación Católica de Padres (Concapa), Escuelas Católicas (EC) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) a una reunión con la secretaria de Educación y Universidades del PSOE, Luz Martínez Seijo, en la que se les trasladaron las líneas maestras sobre las que se articulará la futura Ley Básica de Educación (LBI).

Entre las intenciones del Gobierno, plasmadas en el acuerdo de gobierno de PSOE y Podemos del pasado mes de diciembre, se encuentra la derogación de la LOMCE, la integración de alumnos con necesidades especiales a la escuela regular, una mayor fiscalización de los centros concertados, la eliminación de ayudas públicas a la educación diferenciada, la potenciación de la educación afectivo sexual y la imposición de que la asignatura de religión sea de carácter voluntario, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos. Todo ello dentro de una vocación de "blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo".

La respuesta de CONCAPA

Tras la reunión, el presidente de Concapa Pedro José Caballero ha registrado en el Congreso un escrito en el que agradece la invitación al diálogo, "especialmente después de las desagradables declaraciones de la ministra Celaá", y recuerda que los padres que deciden matricular a sus hijos en colegios concertados han "sufrido en numerosas ocasiones circunstancias de discriminación, acoso y humillación por elegir libremente el modelo de educación que queremos para nuestros hijos".

Pedro José Caballero señala que "uno de cada cuatro alumnos cursa sus estudios en la red concertada" y que Concapa representa a más de 3 millones y medio de familias, con presencia en más de 3.000 centros educativos y cerca de 100.000 maestros.

Concapa considera que se están violando los derechos fundamentales de las familias y asegura que "no vamos a ceder nuestras responsabilidades en la educación de nuestros hijos" para que "el Estado les imponga un pensamiento partidista, en contra de nuestros principios y creencias".

La carta continúa señalando que "claro que se debe trabajar en valores cívicos, (...),  pero no desde un punto de vista único y sectario" y recuerda que "las familias queremos que se respete nuestra pluralidad de conciencia y exigimos conocer todo lo concerniente a la educación de nuestros hijos, participando y decidiendo en todo aquello que pueda crear controversia o vulneración de derechos fundamentales del menor o la familia".

Escuelas Católicas, por su parte, apelaba tras la reunión a un diálogo abierto, voluntad de acuerdo y rechazo a posturas extremas como premisas fundamentales para ambas partes en la futura política educativa./
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