Estupor y enfado en la comunidad educativa madrileña después de conocerse las últimas medidas anunciadas por la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso en el último Debate sobre el Estado de la Región celebrado los pasados días 12 y 13 de septiembre.
Entre ellas y la más llamativa, el blindaje de la jornada partida a partir del curso 2025/26 en los 210 colegios públicos de Primaria de la región que actualmente trabajan sobre ese modelo horario, una medida que impedirá que en estos centros sean las familias las que decidan el tipo de jornada que quieren para sus hijos a partir del próximo curso, como permite hasta ahora la normativa vigente.
Se trata de la primera vez que la Comunidad de Madrid se decanta abiertamente por un tipo de jornada escolar, después de que durante los últimos años fueran los centros escolares y sus comunidades educativas las que de forma autónoma podían elegir la conveniencia para su alumnado de un modelo u otro, en virtud de la recientemente reformada Orden 502/2013. Un sistema que ha llevado a que en la actualidad cerca del 75% de los CEIPs madrileños impartan jornada continua por elección expresa de sus familias y cuya continuidad a partir de ahora está en el aire.
La repentina toma de partido por la jornada partida de la CAM (en la línea de las declaraciones de Rocío Monasterio de VOX en 2023 asegurando
"querer acabar con la jornada continua") va más allá: Ayuso también anunciaba el pasado 12 de septiembre la obligatoriedad de que todos los nuevos colegios públicos de Educación Infantil y Primaria que se construyan en la región
impartan 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y trabajen sobre jornada partida.
Se da la circunstancia de que en enero de este mismo año la Consejería de Educación aprobaba la Orden 121/2024, modificando la normativa anterior para facilitar mediante el voto telemático que en los CEIPs que reunieran los requisitos pudieran abordar votaciones entre las familias del Centro para modificar a su elección la jornada escolar de sus colegios. Una Orden que, con los nuevos postulados del gobierno regional y a la espera de su desarrollo, corre el riesgo de ser derogada menos de ocho meses después de su aprobación.
Reacciones
Las reacciones a este inesperado giro de timón en la política educativa de la CAM no se han hecho esperar.
CSIF, principal sindicato del profesorado de la Comunidad, respondía de forma especialmente contundente: "Sin propuesta inicial, sin evaluación previa, sin comunicación a la parte social, anunciado a los cuatro vientos sin pensar en las consecuencias, simplemente un nuevo ataque a la línea de flotación de la educación pública madrileña".
El sindicato madrileño afirmaba en sus redes sociales que "lo único que parece preocupar a nuestro Gobierno es que los alumnos permanezcan más tiempo en los centros aunque no suponga ninguna mejora en su rendimiento académico". También mandaban un mensaje al Consejero de Educación: "Ahora entendemos el por qué de posponer la reunión prevista para hoy a las 18:00. Para ser político y gestor hay que ser valiente, y contarnos esta novedad en directo a los legítimos representantes de los docentes madrileños organizados en la Mesa Sectorial de Educación. Hubiera sido el culmen del insulto y la tomadura de pelo al colectivo al que representamos", añadía.
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| Imagen: CAM |
ANPE Madrid también se mostraba especialmente crítica con el
recorte de libertades anunciado por Ayuso y exigía que los centros públicos, en base a criterios pedagógicos, puedan optar libremente por el tipo de jornada escolar: "La jornada escolar no debe confundirse con la jornada asistencial. La jornada escolar ha de organizarse en base a criterios pedagógicos, mientras que la asistencial debe atender las necesidades de conciliación familiar. La conciliación familiar se debe sustentar en la adopción de medidas que permitan a los hijos estar el mayor tiempo posible con los padres. No somos custodios de los alumnos, somos profesionales".
Por su parte, la
Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid aseguraba a Europa Press que, para alejar la atención de los verdaderos problemas de la educación pública madrileña, Ayuso "nos pone a opinar y a confrontar sobre jornada continua sí o no". "Confunde interesadamente conciliación con derecho a la educación, algo que
perjudica a los alumnos y nos indigna a los profesionales", añadían.
El sindicato
UGT se muestra también especialmente crítico con las medidas de Ayuso: "Supone otro
ataque a las condiciones laborales de los docentes madrileños", "Medidas electoralistas y a coste cero", "sin diálogo ni negociación alguna con los sindicatos representativos del profesorado madrileño", son algunas de sus principales conclusiones.
Por su parte
CONFAPA, una de las principales federaciones de AMPAs de la región, tiene claro que las medidas radicales anunciadas por Ayuso respecto al tipo de jornada escolar son una
"cortina de humo" para tapar problemas no resueltos de mayor alcance como la "segregación que supone el actual modelo de bilingüismo", la pendiente reducción de ratios en las aulas, las infraestructuras educativas, la inversión en aulas TEA, la ausencia de plazas en FP o la reducción de horas lectivas del profesorado.
Curiosamente la única organización que se muestra de acuerdo con la eliminación de la libertad de elegir horario escolar es uno de los representantes del colectivo que pierde ese derecho. La
FAPA Francisco Giner de los Ríos, histórica defensora de la jornada partida y que ha visto como
en los últimos años su modelo perdía progresivamente adeptos, manifiesta su "apoyo a la iniciativa anunciada hoy por la presidencia de la Comunidad de Madrid durante el Debate del Estado de la Región, de implantar la jornada partida de manera obligatoria".
Por último,
PVEJ (Asociación Plataforma Votación Escolar Justa), que lleva más de 3 años trabajando en la mejora de la normativa vigente, se muestra en "
el más absoluto desacuerdo con algunas de las afirmaciones hechas por la presidenta de la Comunidad de Madrid" y recuerda la contradicción de las mismas después de que la CAM lleve décadas defendiendo "la capacidad de las familias a participar en la educación de sus hijos e hijas, pudiendo elegir la jornada escolar que mejor se adaptara a las necesidades de la unidad familiar". También señalan que "con esta reciente decisión de la administración se vulneran los derechos laborales (de los docentes), en un
agravio comparativo sin precedentes entre los profesores de las diferentes regiones de la Comunidad de Madrid".
Recuerdan, así mismo, que "no hay estudios concluyentes que avalen la conveniencia de establecer por decreto ni la jornada partida ni la jornada continua en los centros escolares" y reclaman que "desde los medios de comunicación y la administración se trate este tema desde el punto de vista más amplio, haciendo hincapié en las necesidades del alumnado y sus familias". /
