jueves, 11 de julio de 2019

La resolución de la CNMC multando al "cártel de los libros de texto" abre la puerta a una demanda colectiva de los colegios afectados

"En cuanto a un AMPA, o a un bufete de litigación masiva, se le ocurra demandar por lo que les han cobrado de más en los precios de los libros de texto, tiene todas las de ganar". Así de tajantes se muestran algunos expertos en declaraciones a El Confidencial después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multara a 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la asociación ANELE con 32,2 millones de euros por crear un mecanismo para restringir políticas y condiciones comerciales.

En esta infracción se ha acreditado la implicación de un total de 33 empresas: tres pertenecientes al grupo Edelvives, seis al grupo editorial Anaya, otras seis del grupo SM, siete empresas del grupo Santillana (Grupo PRISA), dos empresas del grupo editorial Bromera, además de Ediciones Bilingües, Edebé, Editex, Ediciones Laberinto, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación y la editorial Teide. A todas ellas hay que añadir la responsabilidad que recae sobre la asociación ANELE, la Asociación Nacional de Editores de libros y material de enseñanza.

Para entender el problema hay que remontarse hasta el año 2012. Hasta esa fecha las editoriales de libros de texto en España funcionaban como viene haciéndose en otros sectores como el farmacéutico, es decir, promocionando sus productos entre los "prescriptores" (en este caso funcionarios de Educación, directores de colegios, docentes, AMPAS) merced a regalos y promociones para que sus libros de texto fueran los elegidos en cada centro escolar para posteriormente ser adquiridos de forma obligatoria por parte de los padres de los alumnos. La elección de una editorial u otra se realizaba no en función de su calidad pedagógica o su coste (por otra parte tasada por la Administración) sino en función de las prebendas, ventajas o regalos recibidos por los prescriptores. En la pugna por lograr el favor de los colegios, el sector editorial de los libros de texto desembolsaba entre 40 y 80 millones de euros en promociones anualmente, hasta casi el 12% de su facturación.

Es ahí cuando la asociación ANELE decide que el sistema de promociones supone un gasto inasumible para las editoriales, por lo que establece un "código de conducta" con el que elimina la política de obsequios a los centros escolares por considerarlos un "soborno". Sin embargo, lo que la CNMC entiende es que, lejos de intentar mejorar el servicio, "las entidades que llevaron a cabo estas conductas lo hacían con una finalidad económica y para restringir la competencia".


Desde entonces y a pesar de ahorrarse el coste de los regalos a los "prescriptores", la CNMC señala que el precio de los libros de texto, ya de por sí significativamente por encima del precio de mercado (hasta un 47%), ha experimentado un marcado ascenso que en 2012 rozó el 3%, en 2013 llegó al 2,39% y hasta la actualidad ha seguido incrementándose aunque de manera menos acusada.

Según la CNMC, "ha quedado acreditada la existencia de métodos de castigo a las editoriales que no cumplían con los acuerdos, aunque voluntariamente no se hubieran adherido al Código de conducta. Anele envió cartas a competidores y a los centros educativos, incluyendo amenazas de denuncias". También se ha comprobado un descenso de la cantidad destinada por parte de las editoriales a la entrega de material de las TIC (soportes como tabletas o pizarras para contenidos digitales) entre 2010 y el curso 2017/2018 a las aulas, sin que ello se haya traducido en bajadas de precios de los libros de texto.

Aunque la resolución de la CNMC pone fin a la vía administrativa, las editoriales sancionadas pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, algo que ya han hecho algunas de ellas. Según fuentes citadas por El Confidencial, "no recurren por la multa, que es muy benévola, sino por mantener el código de conducta y seguir ahorrando millones de euros que luego, como se ha visto, no reinvierten sino que van a su cuenta de beneficios. Esta multa, si mantienen el chiringuito, está pagada el año que viene. Si consiguen seguir amedrentando a los centros con sus cartas y a las consejerías, el problema no se va a resolver. La clave es que los consejos escolares tomen nota, sepan que lo que les exige Anele no es legal, y vuelvan a abrirse a apostar por aquellas metodologías que más les convenzan, apretando todo lo que puedan a las editoriales para que las ofertas sean más atractivas y redunden en beneficio de las familias".

Aunque no es la lectura más atractiva para este verano, nunca está de más (especialmente para los padres damnificados por este "mercado cautivo") echarle un vistazo a las 213 páginas de la resolución de la CNMC para entender cómo ha funcionado el sector de los libros de texto en España en los últimos siete años./
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1 comentarios:

  1. ¿Por qué no se habla de esto en los medios? Y en septiembre, otra vez a soltar pasta para libros...

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