Corren malos tiempos para España en su conjunto y, por lo que parece,
también para el actual gobierno de coalición dirigido por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Este pasado sábado ha sido de infarto en los pasillos del poder. Después del
oscuro episodio de la confiscación de material sanitario en Turquía dirigido a varias comunidades españolas y la rueda de prensa del presidente del gobierno en la que ha seguido el formato de censura previa de preguntas del que
ya nos hicimos eco y que levantó el malestar entre un amplio colectivo de periodistas,
se han sucedido a lo largo del día varias reacciones de la sociedad civil que no han venido a mejorar precisamente el negro panorama de estos días.
Por un lado, la
renuncia de varios medios de comunicación a asistir a las ruedas de prensa convocadas en el Palacio de La Moncloa, medios entre los que se encuentran ABC, Libertad Digital, La Razón, EsRadio, Voz Pópuli, OKDiario, El Correo, Diario Vasco, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, Norte de Castilla, El Comercio, Las Provincias o La Voz, que
han ido sumándose a lo largo del día a la iniciativa emprendida por El Mundo y explicada en un
editorial de ayer en el que el periódico no duda en calificar este sistema de comunicación institucional como "ruedas de prensa-farsa".
El sector sanitario estalla
Otro de los grandes varapalos del día para el gobierno central ha sido el
durísimo comunicado conjunto de la mayoría de profesionales del sector sanitario, en el que acusan al ejecutivo, en relación a las últimas recomendaciones anunciadas por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes 3 de abril, de
"saltarse todos los límites científicos, deontológicos y jurídicos y poner en riesgo la salud tanto de los profesionales como de los pacientes en la actual crisis sanitaria".
El comunicado está suscrito por la
Organización Médica Colegial de España, el
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el
Consejo General de Colegios Farmacéuticos, el
Consejo General de Enfermería, la
Organización Colegial de Dentistas de España y el
Consejo General de Colegios Veterinarios,
organizaciones que aglutinan a más de 700.000 profesionales sanitarios de todo el país.
Algunas de las conclusiones recogidas en el escrito revisten una especial gravedad y suponen una acusación frontal a la gestión del gobierno en medio de la actual crisis. En concreto, la recomendación del Ministerio de Sanidad de
incorporar al puesto de trabajo a los profesionales sanitarios, susceptibles de haber contraido el virus, transcurridos 7 días desde el inicio de los síntomas, ha levantado ampollas entre los firmantes, que consideran que esta medida "representa un
riesgo evidente para sanitarios y pacientes".
En concreto
el texto incluido por el Ministerio de Sanidad en las medidas aprobadas el pasado 3 de abril y al que se hace alusión dice literalmente: “En caso de que no se realice la prueba de diagnóstico microbiológico, el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo transcurridos 7 días desde el inicio de síntomas en ausencia de fiebre sin necesidad de toma de antitérmicos en los últimos 3 días y siempre que se haya resuelto la clínica respiratoria.
Se incorporará a su actividad con mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de síntomas, evitando durante este tiempo el contacto con pacientes inmunodeprimidos”.
Ante esta medida, los firmantes consideran que se trata de
"una temeridad inaceptable" y que "no podemos aceptar, de ninguna manera, que ningún profesional sanitario sin hacerse el test y con pruebas confirmadas de negatividad se incorpore a su puesto de trabajo, ya que
supone un riesgo elevado para la población, pacientes atendidos, compañeros de trabajo e incluso su propia salud".
Necesidad urgente de test masivos
Según los firmantes,
la ausencia de test suficientes está siendo determinante en esta crisis, así como la falta de planificación para cubrir las contingencias que genera la alta infestación en personal sanitario. "Somos
el país con mayor número de profesionales contagiados del mundo. La solución de reincorporar a toda prisa a los profesionales sanitarios infectados o con sospechas de estarlo, supone una temeridad inaceptable que puede provocar un aumento mayor aún de la expansión del virus entre los profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos", afirman.
Apelan a la experiencia ya acumulada en el extranjero en la lucha contra el Covid-19: "Las experiencias en países que han conseguido un mayor control de contagios demuestran que
es fundamental hacer el test a los profesionales sanitarios de forma masiva con intención de conocer, con total certeza y evidencia científica, quién debe incorporarse con garantías al puesto de trabajo tras haber padecido la infección".
Por último, aseguran haber "denunciado, de forma reiterada, no solo la falta de test de diagnóstico, sino también de los equipos de protección necesarios, así como los riesgos a los que se estaba sometiendo a los profesionales sanitarios al tener que afrontar la
atención de primera línea sin los equipos de protección adecuados".
"Esta medida, que hoy denunciamos,
no sólo traspasa los limites científicos, sino los deontológicos de nuestras organizaciones y sin duda los jurídicos al poner en riesgos no solo al profesional sino a los ciudadanos a los que atiende".
Por último hacen un
llamamiento a la racionalidad y al trabajo conjunto: "Necesitamos medidas eficaces, efectivas y eficientes para poder vencer a la Pandemia del COVID-19,
necesitamos una dirección firme y confiable. Por eso hemos demandado con insistencia que las autoridades sanitarias cuenten con el compromiso y la colaboración de las profesiones que representamos. Juntos lograremos los objetivos. Ni un día más con un profesional sanitario infectado o en riesgo de contagio por no tener medios de protección".
El comunicado completo puede consultarse
aquí. /
