Alcobendas se pone las pilas contra la okupación de viviendas: 83 desalojos en 2024

Aunque en Las Tablas su incidencia de momento es escasa, en el municipio vecino de Alcobendas la okupación de viviendas ha obligado al Ayuntamiento a extremar las medidas para paliar un problema que, aparte de tratarse de una infracción penal, genera preocupación social y sensación de inseguridad en la ciudadanía. 

En este sentido, el Gobierno municipal de Alcobendas durante 2024 ha llevado a cabo 83 desalojos de viviendas, una cifra superior a la de años anteriores (63 en 2023 y 64 en 2022).

El concejal de Seguridad, Carlos Rodrigo, ha señalado que el Ayuntamiento no va a permitir “que se vulneren los derechos de nuestros vecinos. Nuestro plan integral contra la okupación combina prevención, actuación inmediata y apoyo a los afectados, siempre dentro del marco legal y coordinados con los juzgados y la Policía Nacional” y –añade– “los datos demuestran que nuestra estrategia funciona y prueba de ello es que en Alcobendas hemos logrado mantenerla bajo control”. 

El tiempo cuenta

En materia penal, La Policía Local de Alcobendas ha desarrollado un procedimiento de juicio inmediato innovador. Si un particular es víctima de okupación, se cita a ambas partes el último día de guardia del juzgado, en un plazo aproximado de una semana. Esto permite que el juez, si lo considera oportuno, ordene rápidamente el desalojo y la restitución del inmueble al propietario. En el año 2024, esta medida permitió resolver 14 casos con éxito. 

La Policía Local colabora con la justicia dando acompañamiento y protección a la comisión judicial de los juzgados competentes cuando ordena los lanzamientos judiciales (desalojos ordenados por sentencia). 

En cualquier caso la rapidez de respuesta es fundamental y ante cualquier indicio que pueda desembocar en una okupación, es vital ponerlo en conocimiento de los cuerpos policiales en el menor tiempo posible llamando al 112, 092 o 091. También, desde julio de 2022, está habilitado el servicio CECOM 112-Ocupación, accesible a través del número gratuito 900 205 112. 

Este servicio proporciona a los ciudadanos información sobre los aspectos jurídicos de la okupación ilegal y las opciones disponibles para defender la propiedad ante los tribunales. Además, facilita la actuación y la protección por parte de los cuerpos policiales y ofrece asistencia a través de las oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD). De esta manera, con una sola llamada, los perjudicados tienen a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada. /